Una promesa de longevidad sin matices clínicos
En una entrevista con Nilay Patel para el pódcast Decoder de The Verge, publicada el 19 de octubre, Pritzker afirmó que sus hijos, de 21 y 24 años, vivirán "probablemente hasta los 100 o 110 años" porque la IA resolverá buena parte de los problemas médicos que hoy acortan la vida. Lo presentó como una convicción personal, no como un dato médico verificado ni como el resultado de un estudio.
Como ejemplo citó la anemia falciforme, una enfermedad hereditaria de la sangre que puede provocar la muerte prematura si no se trata. Según Pritzker, ya existe una cura y personas que antes morían a los 25 o 30 años podrán ahora vivir "vidas completas". El gobernador no detalló qué tratamiento es ni qué papel exacto jugó la IA en su desarrollo, así que conviene leer la afirmación como la defendió él mismo: una declaración política, no un anuncio clínico contrastado.
La distancia entre ambas cosas importa. Una cosa es que la IA acelere la investigación biomédica -algo que laboratorios y universidades llevan años documentando- y otra muy distinta es prometer una ganancia de varias décadas de esperanza de vida a toda una generación. Pritzker mezcla ambas ideas en la misma frase, y esa mezcla es la que conviene distinguir antes de repetirla como un hecho.
El mismo gobernador que ve una cura también ve una bomba
La comparación con las armas nucleares no es una ocurrencia aislada: Pritzker la repitió en dos entrevistas distintas, la de The Verge del 19 de octubre y otra anterior en This Week de ABC News con Jonathan Karl. En esta última definió la "IA recursiva" -sistemas capaces de aprender de sí mismos sin depender ya de la supervisión humana- como el riesgo existencial concreto que más le inquieta, por encima de otras preocupaciones más habituales como la pérdida de empleos o la desinformación.
Es una paradoja que el propio gobernador no resuelve en público: la misma tecnología que, según él, curará enfermedades y alargará la vida es la que, llevada a un extremo de autonomía, podría escapar al control humano. Pritzker no explica en qué plazo sitúa ese riesgo ni qué evidencia técnica respalda que la IA recursiva esté cerca de producirse; lo plantea como advertencia política, con la autoridad de quien gobierna un estado que ya legisla sobre ello.
Ese doble discurso -entusiasmo médico y alarma existencial- es cada vez más común entre figuras públicas con poder regulatorio, y конviene tratarlo como lo que es: una declaración de intenciones y prioridades, no como un diagnóstico técnico consensuado por la comunidad científica.
Illinois ya legisla sobre el peor escenario
Pritzker no se quedó en el terreno de las palabras. Según explicó, creó un "AI Cabinet" que reúne a expertos en IA con responsables de las agencias estatales, un órgano pensado para coordinar la respuesta del gobierno ante los avances del sector. También confirmó que Illinois aprobó una ley que prohíbe el uso de IA en terapia, justificada por motivos de privacidad de los pacientes.
La medida más directamente ligada a su temor por la "IA recursiva" es otra: una norma de seguridad que obliga a auditorías periódicas de los sistemas de IA y exige un plan de fail-safe, es decir, un protocolo para desconectar sistemas que se descontrolen. Es la traducción práctica de la comparación con las armas nucleares: si el riesgo es existencial, la respuesta regulatoria pasa por garantizar que siempre exista un botón de apagado.
Illinois se suma así a la lista de estados que intentan regular la IA sin esperar a una ley federal, en un contexto donde el Congreso de Estados Unidos no ha aprobado un marco nacional unificado. Las decisiones de un gobernador estatal no se aplican fuera de sus fronteras, pero sí marcan un precedente que otros estados pueden copiar o rechazar.
La otra cara: menos incentivos para los centros de datos
Pritzker explicó además que su gobierno retiró los incentivos fiscales que beneficiaban a los centros de datos de IA en Illinois y que ahora exige garantías legislativas antes de autorizar nuevas construcciones. Es una medida que choca con la estrategia de otros estados y países, que compiten por atraer inversión en infraestructura de IA con rebajas fiscales y suelo barato.
El giro sugiere que Pritzker no ve la IA solo como una oportunidad económica que haya que cortejar sin condiciones, sino como una industria que debe demostrar primero que cumple ciertas garantías -ambientales, de consumo energético o de seguridad- antes de recibir ventajas públicas. Esa postura puede encarecer o ralentizar la llegada de nueva infraestructura a su estado, un coste que el gobernador parece dispuesto a asumir a cambio de mayor control regulatorio.
Queda por ver si otros estados siguen ese modelo o si, al contrario, aprovechan la retirada de incentivos en Illinois para ofrecer condiciones más atractivas y captar esa inversión. La tensión entre atraer centros de datos y regular sus riesgos es, a día de hoy, uno de los frentes abiertos más visibles de la política estadounidense sobre IA.