Qué investiga la Comisión Europea
La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad sobre un laudo arbitral, dictado el 20 de febrero de 2024, que ordena a Rumanía pagar 42,2 millones de euros, más intereses y costes adicionales, a diez inversores y empresas del sector solar fotovoltaico. El litigio se inició al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía y se refiere a inversiones en cinco plantas solares afectadas por la modificación de un régimen rumano de apoyo a la electricidad renovable.
Bruselas considera, de forma preliminar, que el laudo y su ejecución podrían constituir ayuda de Estado en el sentido del artículo 107(1) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y examinará también si existe una posible vulneración de los Tratados de la UE. Las empresas beneficiarias identificadas incluyen a LSG Building Solutions, Green Source Consulting, Core Value Investments, Core Value Capital, Anina Pro Invest, Giust, Risen Energy Solar Project, Pressburg UK, Solluce Romania 1 y SC LJG Green Source Energy BETA.
El pago que ya hizo Rumanía
Antes de que se abriera esta investigación, Rumanía ya había notificado el laudo a la Comisión conforme a las normas de ayudas de Estado y había efectuado un pago en una cuenta abierta a nombre de los beneficiarios. Esa notificación previa es la que ha dado pie al examen preliminar que ahora se formaliza en una investigación en profundidad, el procedimiento que Bruselas reserva para los casos en los que no puede descartar, sin un análisis más detallado, que una medida sea ayuda ilegal.
El desenlace determinará si Rumanía puede completar el pago del laudo sin más trabas o si, por el contrario, deberá recuperar total o parcialmente lo ya desembolsado. La cuestión de fondo trasciende el caso rumano: cualquier Estado miembro condenado por un tribunal arbitral en materia energética podría enfrentarse al mismo escrutinio antes de poder ejecutar el pago.