Bruselas abre expediente de ayudas estatales por el pago de España a JGC Holdings tras el laudo del CIADI
Bruselas investiga si el pago de España a JGC Holdings por los recortes a las primas renovables constituye ayuda de Estado ilegal, tras un laudo del CIADI de 23,51 millones de euros.
Fachada del edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea en BruselasCancillería Ecuador · Wikimedia Commons · CC-BY-SA
El laudo del CIADI y el pago disputado
Un tribunal del CIADI condenó a España el 9 de noviembre de 2021 a pagar 23,51 millones de euros a JGC Holdings Corporation (23,50 millones según la ficha de UNCTAD), más intereses pre-laudo del 2,748% capitalizados mensualmente desde el 21 de junio de 2014. La demandante, que había iniciado el arbitraje en junio de 2015, reclamaba inicialmente 93,5 millones de euros por los recortes a las primas renovables aplicados entre 2010 y 2014.
Según informaciones de prensa que citan al Gobierno español, España pagó 32 millones de euros el 5 de junio de 2025, una cifra sensiblemente superior al principal reconocido por el laudo debido a la acumulación de intereses durante años de litigio. El receptor no fue JGC, sino Blasket Renewable Investments, un fondo que según esa misma prensa adquirió los derechos de cobro del laudo.
Las cifras del anuncio, comparadasElaboración propia a partir de los datos del expedienteM€Ver los datos en tabla
Las cifras del anuncio, comparadas
Concepto
M€
importe del laudo del CIADI
23,5
reclamación inicial de JGC
93,5
pago efectuado por España el 5 de junio de 2025
32
Fuente: Comisión Europea
La investigación de Bruselas y el argumento español
La Comisión Europea ha decidido abrir una investigación exhaustiva sobre ayudas estatales en relación con ese pago, un procedimiento que Bruselas utiliza cuando tiene dudas serias sobre si una medida de un Estado miembro falsea la competencia en el mercado interior. El expediente se identifica formalmente con el caso ICSID ARB/15/27.
El Gobierno español sostiene que, al tratarse de un inversor no comunitario, el caso no debería encajar en la doctrina que la Comisión ha aplicado en otros arbitrajes intra-UE sobre renovables, donde ha declarado ilegales compensaciones similares. Que Bruselas abra igualmente investigación exhaustiva indica que ese argumento no cierra la cuestión de forma automática.
